La inflación en Argentina condicionó el rumbo de la economía convirtiéndose en un problema a fines del siglo XX, pese a que ya en el siglo XIX  se mostraban dos tasas negativas de inflación en un bajo pico.

El problema  inflacionario se define, según diccionario, como: “… el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo” por lo que afecta la evolución no solo del ámbito social, sino también el político.

Se trata de un tira y afloje, ya que estos ámbitos, mediante determinados acontecimientos, presionan determinantemente la tasa de inflación.

Es en los períodos de 1970 y 1980 cuando la Argentina debió aprender a convivir con este problema.

El Rodrigazo introdujo a los argentinos a adoptar una rutina respecto de la inflación, el 27 de Junio Celestino Rodríguez decretó una monstruosa devaluación y un aumento de tarifas.

Como consecuencia,  la información comenzó a ser vital para la población por los incesantes cambios de precios que ocurrían a cada hora debido a las violentas fluctuaciones de los precios internos que colisionaron con las fluctuaciones de los precios internacionales, sumado a los conflictos políticos.

A fines de los 80 y hasta 1991 se forjó la etapa más aguda, cuando se pone al rojo vivo la economía llegando a alcanzar la hiperinflación, ésta es en palabras de Philip Cagan, aquella que sobrepasa el 50 por ciento mensual.

En Argetina, la inflación acumulada entre 1945 y 1990  fue la equivalente a una tasa promedio anual cercana al 96 por cientoLa radical deflación de “la tasa”, luego de la implementación de la «Convertibilidad», daba aires de consolidación dos años más tardes, ya que desde su puesta en práctica los precios estaban más estables.

La crisis del 2001, que obligó a De La Rúa a renunciar a su cargo de presidente, exigió al nuevo gobierno nuevas medidas como la devaluación del peso, el default  de la deuda pública, la pesificación de los contratos y algunas transacciones financieras hasta llegar a la supresión unilateral de contratos públicos y privados.